Aquí les dejo parte de la convocatoria. Para mayor información ver www. revistanemesis.blogspot.com.
Debate central
Desde el discurso oficial en Chile, el principal problema de la economía estaba asociado a los desequilibrios macroeconómicos y la inflación. Parecía que dichos problemas estaban controlados, lo cual se ofrecía como condición de posibilidad para instituir un debate en torno a temas distributivos. Con la reciente emergencia de una crisis económica mundial, pareciera que tal debate quedará rezagado. Sin embargo, al interior de este panorama general se reafirma la necesidad de plantear el problema redistributivo en todas sus dimensiones.
La consigna que resume el sentido histórico que el gobierno actual quiere proyectar es consolidar una plataforma que permita instalar un sistema de protección social. En ese esfuerzo aparece como problema central la equidad y sus diversas dimensiones: inclusión, igualdad de oportunidades, movilidad social, vulnerabilidad, etc. En tal sentido, se reconoce que la desigualdad es un riesgo para la democracia, por cuanto está asociada a una fragmentación social que se liga a una erosión del sentido de comunidad. De hecho, en la medida en que la desigualdad tiende a dificultar la movilidad social, se generan tensiones y aumenta el grado de conflictividad social.
En este contexto, el informe de la
Es en esta dirección que se debe contribuir a superar el vacío slogan concertacionista de “crecimiento con equidad”, el cual somete la integración social al crecimiento. Por cierto, el sistema de protección social y su énfasis en el bienestar no significa necesariamente un cambio respecto a la matriz ideológica neoliberal que se instala en Chile desde la dictadura, a partir de la cual se supedita la equidad y el desarrollo al crecimiento: es decir, la equidad como resultado (por “chorreo”) y no como condición de posibilidad. A partir de los nuevos énfasis discursivos, es posible distinguir que estamos frente al problema de cómo promover la responsabilidad social, partiendo de la base de que las políticas económicas y sociales tienen un efecto directo sobre el bienestar humano. Sin embargo, el punto crucial radica en que la noción misma de bienestar, por cuanto es intrínsecamente una noción político-ideológica, debe ser cuestionada y redefinida. La desigualdad es un fenómeno estructural, es decir, no puede explicarse (ni legitimarse) en términos de responsabilidad individual: su origen está en las estructuras socioeconómicas y culturales de la sociedad. En síntesis, se debe hacer hincapié en que se trata de problemas estructurales que no serán solucionados con políticas públicas parciales.
Pareciera que la reflexión en torno a la desigualdad ha quedado restringida al ámbito de interés de las tecnocracias, reafirmando la creciente desaparición de los intelectuales críticos. Es por ello que hemos planteado a la desigualdad y no a la equidad como problema. La equidad se reduce a la igualdad de oportunidades para la satisfacción de necesidades básicas (acceso a un mínimo de subsistencia) o aspiracionales; esto exige del Estado un marco de políticas generales que aseguren una plataforma común para todos, así como políticas correctivas del mercado en caso de no existir tal plataforma. La igualdad, en cambio, apunta a que exista una menor distancia entre categorías sociales, tanto respecto del poder como la riqueza, y para ello supone del Estado una acción redistributiva, y no sólo correctiva, del mercado. Pero, aún más, la igualdad implica reconocer a los actores sociales que se involucran en los cambios de la sociedad. No se debe confundir igualdad con equidad, como lo ha venido haciendo un cierto discurso que enfatiza ya sea el acceso de todos a las oportunidades, ya sea la reducción de la pobreza, pero no se preocupa de la distancia entre ricos y pobres o entre débiles y poderosos. La política social no puede reducirse a la disminución de la pobreza. Dicho de otro modo, a las políticas de equidad hay que agregarle un componente simbólico y efectivo de tipo redistributivo que cubra tanto las igualdades económicas como las educacionales y las ciudadanas que se expresan en la capacidad de acción al interior de la matriz de relaciones de poder en una sociedad.
Una cosa es clara: la brecha entre ricos y pobres aumentó en los últimos 30 años. Lo que no aparece tan claro es si esta disparidad tiene su origen en la economía o en el sistema político. Si bien los argumentos aparecen defendiendo posturas disímiles, sigue vigente la pregunta: ¿la solución a la desigualdad pasa por un cambio en el sistema económico o por cambios en el sistema político? En respuesta asumimos el hecho de que la desigualdad es reflejo de la distribución del poder. Dicho de otro modo, la estructura social y política de un país remite al modo en que se articulan los procesos sociales en términos hegemónicos e ideológicos: la desigualdad no está inscrita en un orden natural, es más bien un producto social anclado a ciertas estructuras de poder que se reproducen. Al asumir la perspectiva de las relaciones de poder buscamos subrayar el estatus conflictivo de la tensión que persiste entre subjetividad y racionalización como ‘ethos’ de la modernidad, al mismo tiempo de relevar sus efectos en términos de subjetivación en el campo social y cultural (a nivel de actores, movimientos, sujetos de discurso, clases, etc.). Así, pensar la desigualdad y la composición social que la produce en términos de relaciones de poder permite entender la despolitización del sujeto y su reclusión en el individualismo como consecuencia de las nuevas formas de subjetivación. En efecto, las reformas estructurales aplicadas en América Latina durante los ochenta no sólo implicaron cambios a nivel de las bases del sistema productivo y en la relación de los países con la economía mundial, sino que también produjeron nuevas configuraciones a nivel de las prácticas políticas, las subjetividades y la cultura. La desigualdad, como secuela de dichas reformas, no sólo ha provocado efectos en la condición material de los sujetos, sino también en los modos de pensar y construir imaginarios.
Todo esto obliga a pensar la desigualdad en términos de causas, dimensiones, consecuencias y responsabilidades que inciden en la redistribución del poder, la riqueza y la capacidad de acción. En suma, obliga a ir más allá de los diagnósticos socioeconómicos y sus indicadores. Hacer de la igualdad un objetivo posibilita que el lazo social asuma un significado dotado de sentido en nuestro imaginario colectivo, así como conciliar el individualismo creciente (producto de la expansión del consumo) con un sentido de comunidad y cohesión social. Para ello se requiere pensar un modelo de sociedad más allá de la atomización de las acciones dentro del mercado, recuperar y fortalecer la capacidad deliberativa de un sistema político sujetado al economicismo y la tecnocracia (es decir, hacer de la política algo más que un mero problema de gestión). Por último, hacer de la igualdad un horizonte permite avanzar desde una relativa democratización política hacia una verdadera democratización social, promocionando el empoderamiento de la sociedad civil.
Líneas temáticas
A) Desigualdad, poder y estructura social (estilo de desarrollo; trabajo, estratificación y clases; globalización)
En este contexto, la reorganización del trabajo abre nuevas vulnerabilidades y pone la precariedad como contrapartida. En el nuevo paradigma productivo la relación entre crecimiento económico y empleo ya no es clara. Esta disociación debilita la capacidad negociadora de la fuerza de trabajo, y así se plantean nuevos problemas al Estado, por cuanto éste debe enfrentar demandas crecientes de la masa de desocupados "estructurales". La flexibilización laboral se presenta como única alternativa para paliar el desempleo, pero no es una solución inocente, pues implica baja protección laboral y más precariedad.
Hasta hace un tiempo las ciencias sociales se abocaron básicamente al tema de la pobreza, dejando de lado el estudio sobre la desigualdad en términos de clases que había imperado durante años anteriores. Si bien han comenzado a reaparecer estudios centrados en describir las diferentes posiciones que se dan en la estructura social producto de una desigual distribución de activos, se trata más de estudios de estratificación que de estudios de clases.
B) Desigualdad, poder y reproducción social (percepciones culturales de la desigualdad y el poder; educación y nuevas tecnologías; ciudadanía y élites; territorio, comunidad y descentralización; Estado, instituciones y políticas públicas; hegemonía, ideología e industria cultural).
Por cierto, existen desigualdades que no son estrictamente económicas. Se trata de desigualdades principalmente ciudadanas o cívicas ligadas al origen social y que se reflejan en desigualdades ante la ley y la justicia, en la existencia de influencia o “pitutos” anclados a poderes que se derivan de situaciones heredadas. Por otro lado, en algunos lugares de la sociedad y territorios, tanto urbanos como rurales, la condición de pobreza y marginación se encuentran particularmente generalizadas. En esos espacios se producen diferencias de poder y capacidad de influir en las grandes decisiones nacionales que obligan a reclamar la urgencia de políticas sociales de descentralización y empoderamiento de las comunidades. Asimismo, en el campo de la cultura existen profundas asimetrías de poder para imponer visiones de mundo en la circulación mediática. De este modo, las asimetrías materiales se conjugan con asimetrías simbólicas.
C) Desigualdad, poder y subjetivaciones (juventud y género; minorías étnicas e inmigrantes; acción colectiva y nuevas subjetividades).
El desempleo entre los jóvenes y las mujeres es muy alto. Al mismo tiempo en que se reconoce la necesidad de impulsar políticas que incentiven la plena incorporación de las mujeres al mercado laboral, se evidencia la necesidad de incorporar a los jóvenes a los espacios deliberativos de la sociedad y ciudadanía política. La juventud tiene más acceso a educación, pero menos acceso a empleo; los jóvenes cuentan con más acceso a información y redes, pero tienen menos acceso al poder.
Por otro lado, existen desigualdades que provienen del origen social (estatus) o étnico, de las orientaciones culturales, la procedencia regional o la pertenencia a grupos. En América Latina existe una tensión permanente entre políticas de reconocimiento cultural y políticas de igualdad social. De ahí que se deba compatibilizar el descentramiento cultural con la racionalidad colectiva que apunte a resolver necesidades básicas y distribuir oportunidades de desarrollo. En otras palabras, se requieren políticas que resuelvan la dicotomía entre igualdad y diferencia vinculando los modos de producción con la exclusión estructural y los modos de vida.
La desestructuración de las relaciones y del tejido social que la desigualdad trae consigo, al mismo tiempo que afecta la acción del Estado, deja a los sujetos con una sensación de desprotección que los obliga a reconfigurar sus individualidades. En el contexto de exclusión se crean identidades grupales en los márgenes como estrategia de identidad social. Por otro lado, resulta paradójico que en Chile el incremento de las desigualdades no se traduzca necesariamente en un incremento de la conflictividad social, ni mucho menos en la consolidación de proyectos alternativos de desarrollo o nuevos movimientos sociales que puedan incidir en las coordenadas hegemónico-ideológicas. Si bien se valora la acción colectiva, no se concibe que a través de ella puedan disminuirse las desigualdades.
Revista de los estudiantes de Ciencias Sociales
Universidad de Chile
[1] Según datos del Banco Mundial, en América Latina el decil más rico recibe el 48% del ingreso y el decil más pobre el 1,6%; en Chile el decil más rico recibe alrededor del 40% del ingreso. En términos de desigualdad, Chile ocupa el lugar 12 entre más de 100 naciones.
